José Antonio Alcaraz
PACHUCA, HGO.- María del Carmen Lozano Moreno, diputada local por Zimapán, presentó un acuerdo económico para exhortar a autoridades estatales y municipales para que implementen de manera pronta y coordinada el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia.
Esto con el único fin de otorgar un procedimiento eficaz en la atención inmediata de casos de violencia y protección de niñas, niños y adolescentes y así garantizar la restitución de sus derechos.
De manera puntual, el exhorto va dirigido a los 84 municipios del estado y al Gobierno de Hidalgo, para que mandate al Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) para dar seguimiento a la implementación del referido protocolo.
En tribunal, la legisladora afín a la Cuarta Transformación señaló que el abuso sexual infantil es una de las agresiones más violentas contra la integridad física, psicológica y emocional; cuando éste se manifiesta, afecta de forma significativa y vulnera a una serie de derechos universales que están interconectados.
Entre ellos se destacan el derecho a la paz, a la educación, a la protección de la salud, a la seguridad social y por supuesto a una vida libre de violencias. Recordó que, el abuso sexual, además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno, como forzarles a realizar comportamientos eróticos, ver imágenes pornográficas o exponerles a ver relaciones sexuales de otras personas.
“El maltrato infantil tiene a menudo graves consecuencias físicas, sexuales y psicológicas a corto y a largo plazo, entre ellas lesiones (traumatismos craneoencefálicos y graves discapacidades, especialmente en niños pequeños), estrés postraumático, ansiedad, depresión e infecciones de transmisión sexual (ITS), incluida la infección por el VIH”, dijo.
Además, las adolescentes pueden sufrir otros problemas de salud, como trastornos ginecológicos o embarazos no deseados. Igualmente, el maltrato infantil puede mermar el rendimiento cognitivo y académico y guarda estrecha relación con el abuso de alcohol, el uso indebido de drogas y el tabaquismo, que son importantísimos factores de riesgo de enfermedades no transmisibles como las dolencias cardiovasculares o el cáncer.
PROVIENEN DE PARIENTES 8 DE 10 AGRESIONES
Otro dato que dio la legisladora para fundamentar el exhorto es que, ocho de cada 10 agresiones por violencia sexual provienen de parientes o personas conocidas cercanas. También, de enero a octubre de 2020, se registraron 3 mil 581 casos de egresos hospitalarios por violencia sexual: 3 mil 325 niñas y 256 niños.
Otro dato señala que, en 2014, alrededor de 23 mil adolescentes de 12 a 17 años sufrieron algún tipo de agresión sexual, incluyendo acoso, tocamientos y actos sexuales no consentidos.
Del presente documento se desprende su objetivo general que es garantizar la protección inmediata de niñas, niños y adolescentes víctimas de cualquier forma de violencia directa e indirecta, mediante un trabajo de coordinación interinstitucional, en los tres órdenes de gobierno, y apegado a los estándares de derechos humanos bajo el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes, contemplado en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Al acuerdo económico se sumaron varios diputados y diputadas de todas la bancadas.
CASO DE WILLY TREJO
En Hidalgo, un caso que ha consternado a la población es la de la violación equiparada y abuso sexual en agravio de dos niñas del municipio de Zimapán, donde se señala como presuntos culpables a Arturo Williams Trejo Leal y su esposa Bertha Eva N.
En ese sentido, Carmen Lozano, al igual que otras diputadas locales, han exigido justicia para estas niñas, luego que la jueza de control Janett Montiel Mendoza resolvió no vincularlos a proceso. Incluso, el encargado de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), Santiago Nieto Castillo, ha esgrimido la decisión de la juez.
