Redacción
*La diputada local de Morena por el Distrito 01 planteó la necesidad de contar con herramientas más ágiles que eviten que se presenten más casos de violencia contra la mujer en la política
La diputada Alhely Medina Hernández, presentó ante el pleno de la LXVI Legislatura la propuesta para aprobar un exhorto al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), para que se implemente un protocolo y mecanismo que sancione la violencia política contra las mujeres por razón de género.
Durante su participación en la sesión ordinaria del Congreso de Hidalgo, Medina Hernández indicó que en la actualidad y pese a los esfuerzos del organismo electoral estatal, no existe un protocolo adecuado para la atención de la violencia política contra las mujeres en procesos electorales.
Lo anterior, dijo, provoca que las aspirantes a todo tipo de cargos de elección popular sean víctimas de este tipo de violencia en un contexto de impunidad prácticamente garantizada para quien la genera, con la justificación de que la competencia electoral se da en un contexto de contraste y expresiones que rayan en lo ofensivo.
En la víspera del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la diputada hidalguense recordó que existen obstáculos desde la formulación de la denuncia, principalmente en el ámbito administrativo electoral, hasta la obtención de medidas de protección efectivas, aunado a que las víctimas no cuentan con un acompañamiento legal o psicológico adecuado, lo que incrementa su vulnerabilidad.
“Muchas de las aquí presentes fuimos objeto de acusaciones calumniosas e infundadas, que degradan la calidad moral de quien las profiere, pero daña profundamente y más allá del proceso electoral a quienes son víctimas de estas expresiones ruines y en cualquier caso deleznables”, expresó Alhely Medina al presentar la propuesta de Acuerdo Económico.
En el contexto planteado, externó, la falta de un protocolo adecuado para atender la violencia política contra las mujeres por razón de género en el Instituto Estatal Electoral, frena los esfuerzos para lograr la igualdad sustantiva, pues esta no es solo un problema de mujeres, sino también una barrera hacia una sociedad más justa e igualitaria.
Ante ello, indicó que su propuesta es para realizar un exhorto a la presidenta del IEEH para que, en el ámbito de sus facultades y competencias, impulse la creación de protocolos y mecanismos idóneos para la tramitación y, en su caso, desahogo de los procedimientos relacionados con denuncias por violencia política contra las mujeres por razón de género, evitando revictimizarlas y/o sujetarlas a trámites dilatorios o innecesarios para su resolución en dicha instancia, y que de esta forma, se garantice que las mujeres ejerzan su derecho a participar en la vida política de manera libre y segura, sin temor a sufrir violencia, incluso la de carácter institucional.
Falta de “test”
La diputada Alhely Medina hizo énfasis en que se requiere de un mecanismo adecuado para el seguimiento a las denuncias presentadas por violencia política en razón de género, específicamente en la aplicación de manera rápida del Test de Evaluación de Riesgo, ya que es crucial para evitar que la violencia escale, pero también para demostrar el compromiso de las instituciones con la protección de las mujeres en el ámbito político.
Lamentó que la aplicación de este “test” puede tardar meses, incluso con la posibilidad de que no se desarrolle, por lo que expuso que “esto va en contra de la dinámica normativa y procesal sobre la celeridad que se otorga a los casos de violencia contra las mujeres en otras materias del derecho, por ejemplo, en el ámbito penal, el otorgamiento de medidas u órdenes de protección es prácticamente inmediata pues desde la presentación de la denuncia se asume a la mujer como víctima de violencia”.
Urgió a que la presunción de cualquier caso de violencia política contra la mujer por razón de género, sea atendido de forma homologada, de acuerdo a la Ley de Víctimas del Estado de Hidalgo y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de nuestro estado para que se atiendan con prontitud, y que los exámenes psicológicos sean, al igual que en los demás casos, practicados por los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de manera muy rápida.
“Infortunadamente, esto no ocurre en el ámbito electoral, en el que pareciera que dicha presunción no existe, e incluso las denuncias pueden ser desechadas sin haberse aplicado el test de evaluación de riesgo, situación que resulta incomprensible y que pone en peligro la seguridad de las víctimas al debilitar la respuesta institucional, afectando negativamente la justicia y la equidad de género en la política”, finalizó la diputada.
