Redacción
PACHUCA, HGO.- Héctor Chávez Ruíz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, propuso reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para dar descuentos a quienes se vean afectados por labores de reparación, remodelación o ampliación en autopistas federales, que afecten su movilidad.
“Esta Iniciativa, afirmó, me parece que atiende un clamor de muchas y muchos usuarios que están cansados de pagar una cuota de peaje íntegra y cara, por un servicio que, en muchos casos, es deficiente y no cumple con el objetivo de seguridad y agilidad en la movilidad de los usuarios que transitan por dichas vías”.
“Por supuesto que entendemos el enojo y el cansancio de los usuarios si -por ejemplo, es como cuando vamos a una estación de gasolina y pagamos por un tanque lleno y, a cambio, recibimos la mitad de combustible. O cuando pagamos un plan completo de Internet y recibimos la mitad de megas. Por eso –sostuvo- lo que necesitamos, es ver, entender y asumir que quienes pagan un peaje, son ‘consumidores’, figura que debe ser reconocida y respetada en sus derechos”.
De acuerdo con el legislador, esta proposición no ha querido ser aceptada por Morena y sus aliados debido a que implicaría mermas para las arcas de Hacienda, puesto que tan solo el año pasado, los ingresos por cobro de peaje equivalieron a los 34 mil 990 millones de pesos; esto es 18 por ciento más de lo que se captó en 2020 (29 mil 518 mdp), aunque las y los usuarios siguen padeciendo de una infraestructura deficiente.
Héctor Chávez recalcó que la red carretera posee una importancia de primer orden para el desarrollo económico y el bienestar social del país si se toma en cuenta que tanto el transporte de carga como el de pasajeros por vía terrestre, representan el 55.6 por ciento de los desplazamientos (carga) y el 95.7 por ciento de pasajeros en la distribución modal de viajes. Pese a ello, no se ha alcanzado el objetivo de tener un México totalmente comunicado a través de su infraestructura carretera.
Expuso que Caminos y Puentes Federales (Capufe), Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), tiene bajo su cargo 42 autopistas y 32 puentes (12 de ellos internacionales) donde administra 44 por ciento de la red de autopistas y 65 por ciento de puentes de cuota de las cuales destacan: el tramo México-Puebla; México-Acapulco; México-Querétaro, Monterrey-Nuevo Laredo y Durango-Mazatlán que son los más concurridos; pero con altas problemáticas de saturación debido a factores diversos.
La propuesta del perredista, considera la posibilidad de que se establezcan, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (a través de Capufe), bases de regulación tarifaria a fin de que motocicletas paguen el equivalente al 50 por ciento del peaje que aportan los automóviles y, tratándose de autopistas o carreteras de cuota en reparación o remodelación, se fijen -con los concesionarios- lineamientos para implementar descuentos proporcionales al grado de aceptabilidad del tramo de reparación o remodelación.
“Esto implicaría otorgar los servicios -ya sean públicos, privados o mixtos- en las condiciones y el precio pactados o, en caso contrario, siendo justos, hacer el reembolso o descuento correspondientes… Es una iniciativa en beneficio de los que menos tienen. Trata de generar justicia para que, si el sistema carretero funciona, se cubran la cuota o el peaje correspondientes; pero si no, ayudemos al consumidor final”, explicó.
Por esta razón, citó el legislador federal, es evidente que nadie tendría que pagar el costo total de un servicio -ya sea público o privado- que no cumple con las condiciones ofrecidas, que está incompleto, que es deficiente, o no tiene la calidad adecuada.
“Entonces, finalizó Héctor Chávez, realizar los descuentos al peaje de manera proporcional a los kilómetros en reparación, así como el tiempo estimado de la demora, es una acción que beneficia no solo a la economía de los usuarios, sino que, además, lleva implícito el reconocimiento y respeto a los derechos, así como la exigencia del cumplimiento de las obligaciones a las que están sujetos los concesionarios.
Si al final del día, de lo que se trata es de cuidar el bolsillo del gobierno sería jugar el triste papel de cómplices usureros no solo de la autoridad sino de los propios concesionarios; acusó.
