Redacción
PACHUCA, HGO.- El Pleno del Congreso estatal aprobó con 25 votos en pro y una abstención el acuerdo económico que presentó el diputado de Morena Andrés Caballero Zerón, por el cual se exhorta a los titulares de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado y del Órgano de Control interno del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo para que informen al Poder Legislativo sobre las acciones emprendidas respecto a la investigación de la presunta omisión cometida por directivos de dicha institución que derivaría en la pérdida de cinco concesiones radiales.
Lo anterior, a efecto de que se deslinden y, en su caso, se finquen las responsabilidades administrativas a que haya lugar, de acuerdo con la fundamentación del resolutivo emitido por las y los integrantes de la Primera Comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción de la LXV Legislatura del Congreso Local, que desarrolló la diputada morenista Lisset Marcelino Tovar, desde la máxima tribuna legislativa estatal.
Cabe recordar que en su planteamiento del diputado Caballero Zerón establece que el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, es el protagonista principal de la pérdida de cinco concesiones de las estaciones de radio que se trasmiten en las distintas regiones de la entidad, toda vez que están en riesgo de perderse por una grave omisión por parte de sus directivos.
Mencionó que, de acuerdo con versiones periodísticas, varios directivos no realizaron los trámites para conservar el ancho de banda, ya que según el acuerdo P/IFT/Ext/071221/28 aprobado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en sesión plenaria y publicado en Diario Oficial de la Federación (DOF), el director Cristian Guerrero Barragán no realizó la renovación de concesiones.
En virtud de esa omisión, dijo, no se aprobaron frecuencias para las estaciones de Actopan, San Bartolo Tutotepec, Tepeapulco, Tula y Pachuca, que se quedarán sin suficiencia espectral, con lo cual el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo perderá 5 de las 10 radiodifusoras, entre ellas XHBCD-FM 98.1 de la capital del Estado.
Indicó que la pérdida de las concesiones por presunta negligencia de parte de algunos directivos -de acuerdo con el resolutivo- es importante que el Órgano Interno de Control y la Secretaría de la Contraloría realice una profunda investigación al respecto para deslindar y fincar las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales que puedan derivarse para sentar un precedente de que no habrá impunidad ante esta grave omisión que dejará a ciudadanas y ciudadanos hidalguenses de cinco municipios, entre ellos, la capital del Estado, sin espacios de expresión.
Las y los diputados integrantes de la Primera Comisión Permanente y Anticorrupción, mencionó Lisset Marcelino, coincidieron en que, de acuerdo al artículo 33 fracciones XIV, XV y XV BIS, de la Ley orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, a la Secretaría de Contraloría, se encuentra facultada para resolver sobre los siguientes asuntos:
“XIV.- Recibir y atender directamente, o a través de los órganos internos de control, las quejas o denuncias que presenten particulares en contra de los servidores públicos, por incumplimiento en sus obligaciones o con motivo de acuerdos o convenios que celebren con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, de acuerdo con las normas establecidas para tal efecto”;
“XV.- Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos de la Administración Pública Estatal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar y resolver los procedimientos correspondientes conforme a los establecido en la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables en el Estado de Hidalgo, por si, o por conducto de los Órganos Internos de Control”;
“XV BIS. – Aplicar por si o a través de los Órganos Internos de Control las sanciones por faltas administrativas calificadas como no graves; y turnar a la autoridad administrativas calificadas como graves cometidas por servidores públicos y particulares vinculados”;
La diputada morenista añadió que el decreto de creación de Radio y Televisión de Hidalgo, en su artículo 15, se establece que la vigilancia, evaluación y control del Organismo, estará a cargo del Órgano Interno de Control, el cual deberá supervisar y evaluar el Sistema Integral de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Entidad, con objeto de que oportuna, permanente y sistemáticamente se contemplen los aspectos más representativos y relevantes de la forma en que las áreas correspondientes apliquen la normatividad, administren los recursos y den cumplimiento a los planes, programas y presupuestos institucionales.
Asimismo, deberá recibir, tramitar y resolver, las quejas y denuncias presentadas en contra de los servidores públicos, adscritos al Organismo, o que provengan de auditorías o revisiones practicadas a éste.
Por otra parte, el Pleno del Congreso estatal aprobó con 25 votos en pro el acuerdo económico promovido por la diputada de Morena Lisset Marcelino, por el cual se exhorta al titular del Gobierno de Hidalgo para que instruya a la secretaria de Finanzas Públicas, a efeto de que informe al Poder Legislativo, de manera pormenorizada sobre el destino de los recursos extraordinarios que recibió la administración pública estatal, en el ejercicio fiscal de 2020, por parte del Gobierno de México.
La misma Lisset Marcelino, quien fundamentó el resolutivo emitido por la Primera Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXV Legislatura, recordó que el 7 de marzo de 2022 autoridades del gobierno de Hidalgo y representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acordaron el pago de bono anual a jubilados y aguinaldo a docentes homologados, trámite pendiente desde diciembre de 2021.
Dijo que, sin embargo, aunque la Secretaría de Finanzas en su página de internet de transparencia, publique la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2020 donde se informa de manera general sobre el ejercicio del gasto público, no se pueden identificar de forma exacta el ingreso y gasto de los 256 millones destinados por el gobierno federal, por lo que, dijo, es de suma importancia ante el ejercicio de transparencia y sobre todo de rendición de cuentas como derecho fundamental, se conozca el destino de los mismos.
