Redacción
PACHUCA, HGO.- Con 23 votos en pro, el pleno del Congreso del Estado aprobó el acuerdo económico de urgente resolución por el cual se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional, el despliegue de elementos de la Guardia Nacional ante una eventual estrategia de intimidación y violencia por parte de grupos contrarios a la democracia, a fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos para que ejerzan su derecho a votar de manera directa, libre y secreta, el 5 de junio.
El diputado Andrés Caballero Zerón, promovente del acuerdo económico, solicita que la presencia de los efectivos de la Guardia Nacional sea principalmente en los municipios de la sierra y huasteca, donde hay indicios de que se puede realizar una estrategia para inhibir el voto de los ciudadanos.
Indicó que el 5 de junio próximo, las y los hidalguenses registrados en el padrón electoral saldrán a ejercer su derecho constitucional de votar para elegir de manera libre y consciente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo para el periodo 2022-2028, en una jornada electoral que, hacen votos, se desarrolle en medio de un clima de paz y tranquilidad.
Reconoció que hasta ahora el proceso ha transcurrido sin incidentes violentos, en paz y tranquilidad, y que esperan que así transcurra en los próximos días y el día de la jornada electoral, para que Hidalgo sea un ejemplo de civilidad democrática.
Sin embargo, dijo que la historia moderna “nos recuerda que todavía subsisten grupos contrarios a la democracia, que pueden caer en la tentación de recurrir a la manipulación, la falsificación o la violencia, en lo que resta del proceso electoral, con el objetivo de impedir a los ciudadanos su derecho de voto universal, libre, directo, secreto e intransferible”.
Recordó que en 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de Delitos Electorales, que contempla sancionar con pena de cárcel de 4 a 9 años y multa de 300 a 600 días a quien o quienes hagan uso de los programas sociales con fines electorales; ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, entre otros.
Sin embargo, dijo que hay quienes todavía se resisten a abandonar la manipulación, la falsificación o la violencia en los procesos electorales, como los medios de comunicación reportan ocurre en los Estados de Tamaulipas, Durango y Aguascalientes, donde los gobiernos locales han emprendido una campaña de presión a los candidatos y simpatizantes que impulsan la transformación de esas entidades federativas, con el propósito de impedir la celebración de elecciones libres y equitativas.
Es por esa razón, que se plantea el exhorto antes referido para garantizar la seguridad previo y durante la jornada electoral, así como para evitar cualquier intento de intimidación para inhibir la participación ciudadana en los comicios del próximo domingo.
