Por Santiago de la Cruz / Info Libre
El Congreso de Hidalgo emitió sentencias a favor de tres minutas constitucionales enviadas por el Senado de la República en materia de prisión preventiva oficiosa, simplificación orgánica y seguridad pública, ésta última aprobada por unanimidad del pleno.
Las reformas relativas a ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa quedan establecidas en el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fueron aprobadas con 23 votos a favor de Morena y aliados.
En estas se plasma que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de extorsión, así como en los casos donde se compruebe la introducción, producción, preparación, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas, fentanilo y derivados.
También, aplicará prisión preventiva oficiosa en los casos de contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos fijados por la ley.
Las reformas de simplificación orgánica avalan la fusión de los organismos autónomos con diferentes dependencias, tales como el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) que será absorbido por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Las actividades del Consejo Nacional de la Evaluación de la Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL) serán ejecutadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En cuanto al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sus funciones recaerán en la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), quedarán en la Secretaría de Energía (SENER).
En tanto que las funciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) recaerán en la Secretaría de Economía (SEECO); y las del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Respecto a las reformas en materia de seguridad pública aprobadas por unanimidad, se destaca principalmente el reforzamiento de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a fin de dotarla de instrumentos jurídicos que permitan su participación efectiva en la investigación de los delitos.
