Redacción
PACHUCA, HGO.- La diputada de Morena, Sharon Macotela Cisneros presentó un acuerdo económico ante el Congreso de Hidalgo para que la Secretaría de la Contraloría revele el avance de la implementación de la Plataforma Digital Estatal, cuya función es dar seguimiento a la declaración patrimonial de los servidores públicos.
Asimismo, instó a la dependencia a dar a conocer al Poder Legislativo el estado que guardan los procedimientos o informes de responsabilidad administrativa iniciados por la situación de entre 15 y 20 exfuncionarios que presentan problemas en su evolución patrimonial y un presunto conflicto de intereses.
Instrumentos como el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, así como los planes Nacional y Estatal de Desarrollo establecen como compromiso de la Cuarta de Transformación acabar con la corrupción.
En Hidalgo, la administración de Julio Menchaca se comprometió a castigar los delitos relacionados con esta conducta, además de no permitir impunidad, señaló la representante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Incumplieron 741 servidores declaración patrimonial
Macotela Cisneros recordó que el 1 de junio pasado, el contralor Álvaro Bardales Ramírez reveló que 99.12 por ciento de los burócratas cumplieron con presentar la declaración patrimonial.
Sin embargo, 741 no atendieron las obligaciones, por lo que se encuentran en calidad de «injustificados, extemporáneos y omisos».
Además, entre 15 y 20 exfuncionarios de la administración pasada registran problemas con la evolución de sus bienes y un probable conflicto de intereses.
Existe un caso de alto grado, del cual Bardales no mencionó nombre por el sigilo de las investigaciones, recordó.
Por ello, la diputada exhortó a la Secretaría de la Contraloría a que informe por escrito al Parlamento local sobre el avance en la «construcción, consolidación y puesta en funcionamiento» de la Plataforma Estatal Digital, como un sistema efectivo para vigilar la evolución patrimonial de los trabajadores de los 83 entes públicos del Ejecutivo, los gobiernos municipales, organismos autónomos y poderes públicos del Estado.
Instó a la dependencia a dar a conocer el estado de los procesos contra los exfuncionarios con anomalías en su declaración, sin que tenga obligación alguna de revelar, detallar o brindar datos sensibles, por el sigilo de las investigaciones que se estén llevando a cabo.
