José Antonio Alcaraz
PACHUCA, HGO.- A punta de manotazos, amenazas y vociferaciones, G. L., una supuesta funcionaria de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) amedrentó a dos reporteros hidalguenses cuando daban la cobertura de un accidente automovilístico en el bulevar Ramón G. Bonfil.
“Deja de grabar… serás muy de prensa, pero deja de grabar por favor”, dijo la mujer a la reportera D. C. de La Opinión del Altiplano que realizaba una transmisión en vivo del incidente con un teléfono celular, mismo que fue golpeado de un manotazo.
Posteriormente, confrontó al fotorreportero G. B. de La Jornada Hidalgo, a quien también le exigió que dejara de grabar, amenazándolo: “nos vemos en un rato”.
Lo anterior quedó documentado en la transmisión en vivo que hizo el medio de comunicación La Opinión del Altiplano, se observa a la presunta burócrata acercarse a la reportera.
HASTA 10 AÑOS DE PRISIÓN
Esta agresión podría configurarse en un delito contra la libertada de expresión, luego que el año pasado se tipificó en el Código Penal del Estado de Hidalgo, bajo el Capítulo IV Bis “DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN”
En el Artículo 172 Bis establece que “comete el delito contra la libertad de expresión y se le impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de cincuenta a doscientos días, la persona que de manera dolosa impida o límite la libertad de expresión de una persona periodista. Si se ejerce violencia, se aumentará en una tercera parte la punibilidad que corresponda”.
Además, en el Artículo 172 Ter, se define por libertad de expresión a la prerrogativa que
tiene toda persona para difundir y publicar ideas u opiniones sin discriminación a través de cualquier medio de comunicación.
Cabe señalar que la punibilidad prevista en el artículo 172 Bis se aumentará hasta en una mitad, cuando el delito haya sido cometido por una persona servidora pública en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, imponiéndose además la privación del cargo desempeñado, e inhabilitación para el desempeño de cualquier empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta”.
La agresión contra los comunicadores ha generado indignación entre el gremio periodístico hidalguense, quienes exigen a la PGJH una investigación contra la pregunta funcionaria.
