Redacción
En un ejercicio de derecho ciudadano, Reyna Monroy y Karina Islas Tamaturgo, acudieron a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para ingresar oficio mediante el cual se solicita la suspensión de la obra del revestimiento del río Tula; toda vez que se incumplen en su ejecución con diversas disposiciones en materia ecológica, de transparencia, pero, sobre todo, atenta contra los derechos fundamentales de todas las personas.
Sin embargo vivieron el calvario y frustración al que día a día se enfrenta la ciudadanía, pues Reyna Monroy informó que David Pedraza, Coordinador Técnico de la Oficina de la Dirección General de CONAGUA, se negó a recibir la solicitud, argumentando que no es responsabilidad de la dependencia y le echa la bolita a la Secretaría del Medio Ambiente; “siendo que CONAGUA como organismo desconcentrado, es la ejecutora de la obra y por lo tanto son quienes están incumpliendo con la norma, no SEMARNAT”.
Destacó además que al no recibir el oficio de solicitud, la comisión obstaculiza la participación de la sociedad en la planeación, toma de decisiones, ejecución, evaluación y vigilancia de la política nacional hídrica; con lo cual incumplen con el artículo 14 bis de la Ley de Aguas Nacionales.
En el oficio se lee entre otras razones para la urgente suspensión de la obra, que:
● La ley prohíbe la desaparición de un ecosistema (Art. 28 y 30 de la LGEEPA).
● La NOM-001 de SEMARNAT prohíbe las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
● No existe claridad en el estudio del impacto ambiental que dicha obra genera y no sea ha garantizado a la población el acceso a dicha información poniendo bajo reserva el expediente de Gestión ambiental del Río Tula.
Argumentaron también que éste es un problema de la CDMX, que sólo traslada a la región, por lo que debe resolverse en su origen. Además, que existen mejores alternativas para evitar las inundaciones sin violar los derechos de todas y todos.
“No fuimos escuchadas, esto es con lo que batallamos todo el tiempo ante un gobierno que se niega a escuchar a los ciudadanos, por eso es que necesitamos voces fuertes y valientes como representantes. Es un primer intento, pero seguiremos generando evidencia de que esta obra es completamente ilegal y transgrede varias de las normas que rigen el bienestar ambiental y atentan contra los derechos humanos de las personas que vivimos en la región de Tula” finalizó Reyna Monroy.
